El ciclo virtual “Desarrollo y Región”, impulsado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), reunió el pasado miércoles 27 de agosto a tres referentes de la discusión económica y fiscal argentina: Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe; Jorge Simón, magíster en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales; y el periodista económico Mariano Galíndez. La presentación y moderación estuvieron a cargo de Juan Carlos Venesia, director del IDR, quien planteó desde el inicio el interrogante central: ¿Santa Fe es de Argentina en términos fiscales?
Santa Fe como motor logístico y productivo del país
La exposición del ministro Pablo Olivares situó a la provincia de Santa Fe en un lugar estratégico dentro del mapa productivo argentino. No solo se trata de su aporte cuantitativo al Producto Bruto Interno nacional (casi un 10%), sino del carácter cualitativo de su inserción en los mercados internacionales, que la convierte en una de las provincias con mayor apertura externa. “De cada cuatro dólares exportados por la Argentina, uno tiene origen en Santa Fe”, enfatizó el funcionario, aludiendo al fuerte peso del complejo agroindustrial, energético y metalmecánico de la región.
La provincia cumple además una doble función simultánea: es productora y, al mismo tiempo, provee la infraestructura logística para que el resto del país pueda exportar. Los puertos santafesinos concentran más de un tercio de las exportaciones nacionales, recibiendo mercancías provenientes de múltiples provincias que utilizan la hidrovía Paraná-Paraguay como salida al mundo. Esto implica que Santa Fe opera como plataforma de salida para las economías regionales, generando un flujo anual de más de 2.000 buques y un movimiento terrestre estimado en 120.000 camiones diarios sobre una red vial de 4.500 kilómetros.
El impacto de esta dinámica trasciende lo provincial: la región sur de Santa Fe se ha consolidado como un hub logístico de escala internacional, donde convergen autopistas, accesos ferroviarios, nodos industriales, parques productivos y complejos portuarios que integran la cadena global de valor. Olivares describió esta situación como una suerte de “logística de escala país”, al advertir que el tránsito pesado que circula diariamente por Santa Fe es mayor al de varios países vecinos en su conjunto, lo que convierte a la provincia en un verdadero corredor estratégico del Cono Sur.
Este rol multiplica las demandas de infraestructura, ya no solo en beneficio de la producción santafesina, sino de toda la economía argentina. De allí la insistencia en obras de accesibilidad portuaria, modernización vial, expansión de gasoductos y fortalecimiento de la red eléctrica, concebidas como inversiones que apuntalan al conjunto del país. En palabras de Olivares: “Las rutas de Santa Fe son consumidas por el resto de la Argentina. No son un servicio provincial: son un servicio nacional que prestamos desde aquí”.
En suma, Santa Fe se posiciona como un motor productivo y logístico esencial, articulador entre el interior productivo y los mercados internacionales. Su desempeño no solo define la competitividad de las cadenas agroindustriales, sino que incide directamente en la generación de divisas, en la balanza comercial y en la sustentabilidad del sistema fiscal argentino.
La “inversa de las regalías” y las inequidades del sistema tributario
El planteo de Jorge Simón abrió un debate estructural sobre las desigualdades históricas en la distribución de recursos fiscales en la Argentina. Su propuesta de una “inversa de las regalías” parte de una constatación: mientras que las provincias productoras de hidrocarburos y minerales perciben ingresos extraordinarios por regalías –que en algunos casos representan más del 13% de sus recursos propios–, otras jurisdicciones con gran peso económico y exportador, como Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos, carecen de mecanismos compensatorios equivalentes.
Simón recordó que, de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, las regalías hidrocarburíferas y mineras alcanzan cerca de un punto del PIB nacional. Ello supone que determinados distritos reciben entre 300 y 500 millones de dólares anuales sin que ese beneficio se replique en provincias que, como Santa Fe, sostienen gran parte de la producción exportable del país. El desequilibrio se torna aún más notorio si se considera que la mayor parte de los bienes que salen por los puertos santafesinos están exentos del impuesto a los Ingresos Brutos, lo que significa un sacrificio fiscal provincial en favor de la competitividad nacional.
En este contexto, la propuesta de la “inversa de las regalías” apunta a crear un mecanismo compensatorio federal que reconozca a las provincias exportadoras de manufacturas y productos agroindustriales la pérdida de capacidad recaudatoria que conlleva no gravar esas actividades. Simón citó como referencia el sistema brasileño, donde los estados reciben transferencias por las exportaciones exentas de impuestos internos, evitando así un desbalance estructural entre territorios.
La inequidad se amplifica si se observan otros regímenes de promoción sectorial que han favorecido históricamente a determinadas jurisdicciones. Entre ellos, la promoción industrial de Tierra del Fuego, los beneficios impositivos para San Luis, Catamarca o La Rioja, el Fondo Especial del Tabaco o la exención de impuestos internos a la producción vitivinícola. Cada uno de estos instrumentos, diseñados con lógica coyuntural o política, ha consolidado asimetrías horizontales entre provincias, generando una suerte de “federalismo a medida” en el que algunos distritos concentran ventajas permanentes mientras otros, como Santa Fe, se ven relegados en la distribución de recursos.
La cuestión adquiere mayor gravedad en el marco de las recurrentes discusiones sobre la eliminación de los Ingresos Brutos. Para Simón, plantear una sustitución inmediata de este tributo –que representa cerca del 85% de la recaudación propia provincial– sería un golpe letal para las finanzas subnacionales. “Ninguna provincia podría sostener sus servicios esenciales, ni pagar salarios de docentes y policías, si de un día para otro se elimina el impuesto”, advirtió. De allí su insistencia en la necesidad de transiciones graduales y mecanismos de compensación interjurisdiccional que eviten agravar las desigualdades existentes.
Federalismo fiscal y tensiones con la Nación
Uno de los ejes más críticos del webinar fue el análisis del federalismo fiscal argentino, entendido como la compleja relación de competencias, recursos y responsabilidades entre el gobierno nacional y las provincias. Tanto el ministro Pablo Olivares como Jorge Simón coincidieron en que la arquitectura actual genera asimetrías profundas, donde las provincias asumen crecientes obligaciones sin contar con los recursos suficientes para financiarlas.
Olivares fue contundente: “Santa Fe soporta responsabilidades logísticas de escala país, mayores incluso a las que enfrentan estados soberanos como Uruguay o Paraguay”. Con esta afirmación buscó subrayar que la provincia no solo atiende sus propias necesidades productivas y de infraestructura, sino que además actúa como corredor estratégico para la producción de múltiples regiones argentinas, sosteniendo una red vial, fluvial y energética que excede con creces sus competencias formales.
Esta situación, señaló el ministro, responde a una transferencia progresiva de funciones desde la Nación hacia las provincias, iniciada hace décadas con la descentralización de servicios como la educación y el saneamiento, y profundizada hoy en el terreno de la infraestructura vial y portuaria. El resultado es un esquema donde los gobiernos subnacionales deben responder a demandas que, en rigor, corresponden a políticas nacionales de alcance federal.
Simón reforzó esta idea al señalar que, mientras las provincias productoras de recursos naturales reciben regalías específicas, otras como Santa Fe no solo no perciben compensaciones, sino que además son sometidas a una creciente presión para sostener obras y servicios que deberían ser financiados por el Estado central. Esto se traduce en una tensión permanente entre la autonomía financiera provincial y la capacidad de coordinación de la Nación.
El problema, sin embargo, no es solo económico sino también político. Como destacó Olivares, el gobierno nacional suele condicionar las finanzas provinciales a través de mecanismos discrecionales, tales como la autorización para la toma de deuda externa (como ocurre con los créditos de la CAF destinados a accesos portuarios), o mediante la asignación diferencial de transferencias no automáticas. Esta dinámica limita el margen de maniobra de las provincias y refuerza un esquema de dependencia que debilita la noción misma de federalismo.
El trasfondo de esta disputa se vincula con la coparticipación federal de impuestos, que constituye la principal fuente de recursos para la mayoría de las provincias. Mientras Santa Fe mantiene una tradición de equilibrio presupuestario y baja deuda, su aporte neto al sistema nacional no se refleja en una distribución equitativa de fondos. “Invertimos para que la Argentina crezca, pero si esa riqueza futura sigue concentrándose en Nación, la inequidad se profundiza”, advirtió Olivares.
Este diagnóstico abre una discusión estratégica: ¿cómo lograr un nuevo pacto fiscal federal que asegure sostenibilidad, equidad y autonomía? Para los expositores, la respuesta pasa por construir consensos interprovinciales, fortaleciendo espacios como la Región Centro, y por instalar en la agenda nacional la necesidad de un federalismo real, donde las provincias no sean solo ejecutoras de competencias descentralizadas, sino también gestoras soberanas de recursos suficientes para financiar sus funciones.
Transparencia, impuestos y la mirada ciudadana
El debate también abordó un aspecto clave de la relación entre Estado y sociedad: la percepción ciudadana sobre el sistema tributario. En este punto, el ministro Pablo Olivares se refirió a la polémica en torno al Sircreb (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias), uno de los regímenes de retención más cuestionados por contribuyentes y empresarios.
Según explicó, el Sircreb no es en sí un “impuesto adicional”, sino un mecanismo de retención anticipada, equivalente a las deducciones de ganancias en los salarios. Su función es evitar la subdeclaración de ingresos y garantizar que los contribuyentes vayan cancelando parcialmente sus obligaciones fiscales a lo largo del mes. Sin embargo, el problema se origina cuando las retenciones superan los montos efectivamente adeudados, generando saldos a favor crónicos.
Olivares reconoció que este fenómeno erosiona la confianza en el sistema: “El contribuyente termina pagando más de lo que debía y se siente castigado por el fisco, aun cuando cumple con sus obligaciones”. Por ello, planteó la necesidad de que las administraciones provinciales avancen hacia mecanismos de devolución rápida y automática de los saldos retenidos en exceso, a fin de evitar que el ciudadano perciba al Estado como un actor que recauda de más y demora en restituir lo que corresponde.
El tema se conecta con un debate mayor sobre la transparencia fiscal. En los últimos años, el gobierno nacional impulsó una ley de “transparencia en los tickets”, que busca que cada comprobante de consumo detalle cuánto corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Si bien la medida apunta a clarificar la carga tributaria, Olivares advirtió que su implementación puede derivar en distorsiones: las provincias quedarían en una posición desventajosa frente al ciudadano, ya que en la mayoría de los consumos el peso de los impuestos nacionales es muy superior al de los tributos locales, aunque en la práctica los servicios visibles –patrulleros, ambulancias, escuelas– provengan de los presupuestos provinciales y municipales.
A esto se suma otra tensión: la presión mediática y empresarial suele enfocarse en los impuestos provinciales, particularmente Ingresos Brutos, señalándolos como distorsivos. Sin embargo, como remarcaron los expositores, existen tributos nacionales con igual o mayor nivel de regresividad –como el impuesto al cheque, vigente desde 2001 como medida de emergencia– que no reciben la misma atención. Esta asimetría en el debate público contribuye a generar la percepción de que las provincias son las responsables de la “carga impositiva excesiva”, invisibilizando el peso real de los tributos nacionales.
En definitiva, la discusión sobre transparencia fiscal no puede reducirse a un problema de forma o de comunicación. Se trata de un desafío de legitimidad institucional: que los ciudadanos comprendan qué impuestos pagan, cómo se distribuyen y, sobre todo, qué contraprestaciones reciben a cambio. Solo con reglas claras, devoluciones ágiles y un discurso coherente será posible reducir la brecha de desconfianza que separa al sistema tributario de la sociedad.
Reflexiones finales: una agenda común para el futuro
El cierre del encuentro permitió trazar una mirada de conjunto sobre los desafíos del federalismo fiscal argentino y el papel de Santa Fe en la construcción de una agenda transformadora. Tanto los expositores como el moderador coincidieron en que el sistema actual se encuentra en un punto de inflexión: las provincias cargan con el peso del “país real” –infraestructura, servicios, logística, seguridad y educación– mientras que la Nación concentra la mayor parte de los recursos recaudatorios y mantiene poder discrecional sobre su distribución.
El periodista Mariano Galíndez sintetizó la tensión al advertir que las provincias, en particular Santa Fe, se están convirtiendo en “rescatistas silenciosos del Estado nacional”, asumiendo obras y servicios que exceden su competencia legal. Esta dinámica puede sostenerse por un tiempo, gracias a la solvencia fiscal provincial, pero inevitablemente tiene un límite: “En algún momento no se podrá seguir financiando con caja provincial la infraestructura que requiere todo el país”.
De allí surge la necesidad de un nuevo pacto fiscal federal, que no se limite a la discusión coyuntural sobre Ingresos Brutos, sino que redefina integralmente la distribución de competencias y recursos. Los participantes remarcaron que cualquier reforma tributaria debe ser gradual, sostenible y equitativa, evitando soluciones de shock que generen desfinanciamiento y fracturas institucionales. En palabras de Jorge Simón, “no hay atajos: los cambios estructurales requieren mecanismos de transición, compensaciones interprovinciales y consensos políticos amplios”.
El ministro Pablo Olivares fue más allá al señalar que la construcción de poder político no depende solo de los gobiernos. Subrayó la necesidad de una agenda común que involucre a empresarios, sindicatos, universidades, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, capaz de generar un frente unificado en defensa de los intereses provinciales. En su visión, el déficit de Santa Fe no es solo fiscal, sino también de representación política y mediática: otras provincias han logrado capitalizar históricamente beneficios fiscales gracias a un lobby coordinado y persistente, mientras que en Santa Fe predomina una fragmentación de voces que diluye su capacidad de negociación frente a la Nación.
El director del IDR, Juan Carlos Venesia, cerró el encuentro reforzando esa idea: “Nadie pretende separarse de la Argentina, pero todos aspiramos a una Argentina más equilibrada. Para eso debemos salir de la dicotomía entre un centralismo porteño y un interior productivo relegado. El desafío es construir un país con regiones fuertes, con autonomía y responsabilidades compartidas”.
En conclusión, el webinar dejó planteada la urgencia de superar la lógica reactiva –responder a las transferencias y exigencias de la Nación– para avanzar hacia una estrategia proactiva, en la que Santa Fe, junto a otras provincias, impulse una agenda federal renovada. Esa agenda debe basarse en tres principios: sostenibilidad fiscal (garantizar que las provincias no se desfinancien), equidad territorial (compensar asimetrías estructurales como regalías y promociones), y eficiencia institucional (crear reglas claras y estables que fortalezcan la confianza ciudadana).
Solo a partir de esa hoja de ruta, consensuada y sostenida en el tiempo, podrá configurarse un federalismo capaz de responder a las demandas del siglo XXI y de proyectar a Santa Fe –y a la región centro– como actores protagónicos en la construcción de un país más justo, equilibrado y competitivo.
